Desde hoy, el Gobierno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) iba a avanzar con las auditorías a las universidades, en medio de protestas de docentes y estudiantes universitarios.
Pero la UBA, la primera en la lista, fue a la Justicia porque cree que eso violaría su autonomía. Al mismo tiempo, se empieza a armar la tercera marcha educativa para el 12 de noviembre.
A través de un comunicado, la institución consideró que el Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, “intenta intervenir en las universidades públicas para controlar lo que se enseña y aprende”. E informó que iniciará acciones legales y convocará a “profesionales independientes” para que hagan una auditoría sobre su sistema de control interno. En declaraciones radiales, Javier Milei acusó de “chorros” a los que rechazan esa auditoría y el Gobierno sacó un comunicado.
Hace unos días, la Casa Rosada autorizó a la SIGEN a hacer auditorías sobre las cuentas de la universidades nacionales, algo que no podía hacer porque, en 2022, el entonces procurador Carlos Zannini dictaminó que eso sería violatorio de su autonomía.
Pero antes del anuncio, en estos años, hubo universidades que acordaron auditorías voluntarias, además de las que se llevan a cabo desde la Auditoría General de la Nación (AGN) y las internas de cada edificio. En ellas se controlan los gastos de funcionamiento, es decir, cerca del 10% del total de las partidas que llegan a las universidades. El resto corresponde a salarios y esa nómina está en manos del Gobierno.
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