Desde hace meses, estas entidades sobreviven como pueden: enfrentan tarifas desactualizadas, gastos diarios crecientes y una indiferencia institucional que se vuelve insostenible. Aunque a nivel nacional se ratificó la emergencia en discapacidad, la norma aún no impacta en lo local, y las urgencias no esperan.
En lugar de aliviar la carga, algunas entidades que podrían condonar tasas o facilitar pagos han optado por convertirse en obstáculos. A la amenaza de corte en San Camilo se suma el antecedente reciente de la Asociación Civil “Juani Muzzioli”, que al solicitar facilidades de pago recibió una respuesta lapidaria: “No es momento para hacer beneficencia”, según denunciaron públicamente.
La CELP, lejos de mostrar sensibilidad social, parece decidida a tensar aún más la cuerda con instituciones que sostienen lo que el Estado y el mercado abandonan. La pregunta que queda flotando es si el corte será solo de luz… o también de humanidad.
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