La noticia parece alentadora: un dron del Centro de Monitoreo permitió detectar y detener a un sospechoso que robaba cables en el barrio Villa Progreso. La tecnología funcionó y la intervención fue rápida. Pero el episodio deja una pregunta inevitable: ¿qué ocurre después con esos cables que alguien intenta robar?
La respuesta se encuentra en los mercados ilegales donde los objetos robados se transforman en dinero. Allí está el verdadero problema.
El objetivo de los jóvenes que arriesgan su vida colgados de cables de media o alta tensión no es sabotear un servicio público, sino obtener una ganancia ilegal y rápida. Ese “lucro” sólo es posible porque existe un circuito donde el cobre robado puede venderse y convertirse en dinero.
Cuando se detiene a un ladrón de cables, celulares, autopartes o bicicleta se hace lo correcto. Pero se afecta sólo al último eslabón de la cadena, el más fácil de reemplazar.
Rápidamente aparecerán otros jóvenes sin horizontes dispuestos a ocupar ese lugar. Es el conocido efecto de sustitución. Por eso, si sólo perseguimos ladrones, actuamos sobre la superficie del problema.
El delito crece porque se ha convertido en un negocio lucrativo y porque los Estados y sus sistemas de investigación y justicia penal no logran desarticular los circuitos económicos que lo sostienen.
Frente a delitos que afectan servicios públicos esenciales, cabe preguntarse si existe un plan coordinado entre organismos fiscales, justicia, áreas de investigación criminal y gobiernos locales para atacar el circuito donde los bienes robados se reducen y se comercializan.
Porque hay una regla simple que explica buena parte del problema: si el producto del robo no se compra, el delito deja de ser negocio.
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