Según la iniciativa aprobada por unanimidad dentro del bloque, los fondos —estimados en más de $600 millones— deberían aplicarse exclusivamente a mejorar la atención de personas con discapacidad: fortalecer instituciones locales, adquirir insumos y alimentos y financiar la compra de una combi adaptada. Desde Fuerza Patria pidieron que el Ejecutivo municipal informe con precisión por qué los camiones están fuera del distrito, el estado de la venta y el mecanismo previsto para la administración de los montos recaudados.
El bloque reclamó además auditoría y rendición de cuentas públicas para garantizar que los bienes y recursos que pertenecen a todos los vecinos no sean dispuestos sin control ni destino social priorizado. Por ahora, los pergaminenses siguen sin respuestas oficiales sobre el paradero de los compactadores y el uso eventual de los fondos.
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