El Gobierno nacional trabaja en una reforma profunda del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que podría concretarse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa apunta a modificar la estructura de gobernanza del organismo, otorgando al Poder Ejecutivo un rol más determinante en la planificación de las investigaciones y en la asignación de recursos.
Según señalaron fuentes oficiales, el proyecto comenzó a delinearse en la Casa Rosada incluso antes de las elecciones legislativas de octubre, aunque su avance se vio demorado por el clima político de ese período. Ahora, con el escenario electoral ya superado, la intención del Ejecutivo es avanzar “en el corto plazo”. “Buscamos reordenar los incentivos de la investigación científica”, afirman desde el oficialismo.
El esquema que se analiza incluye mayor autonomía regional y una centralización de los proyectos de investigación en las universidades. La apuesta es integrar los desarrollos científicos con la modernización de la producción nacional y orientar recursos hacia sectores estratégicos. Como ejemplo, desde el Gobierno mencionan provincias con fuerte actividad minera y energética, donde se espera impulsar investigaciones aplicadas al desarrollo productivo local.
Actualmente, el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores: 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos. La posible reforma ya genera debate en la comunidad científica, que sigue con atención los pasos del Ejecutivo.
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