Miercoles 03 de Junio de 2026

Por Pablo Rossi

La ciudad que dejaron de escuchar

Licenciado en filosofía, especialista en docencia universitaria

 

Los debates recientes alrededor de la intervención de la peatonal y la Plaza 25 de Mayo, la regulación de los grupos de atletismo en espacios públicos y el debate por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios no parecen hechos aislados. Aunque cada conflicto tiene su propia lógica y admite interpretaciones distintas, todos exponen un mismo fenómeno político, a saber, el deterioro del vínculo entre la gestión municipal y sectores de la comunidad.

En el caso de la peatonal y la Plaza 25 de Mayo, el conflicto enfrentó a funcionarios municipales y concejales oficialistas con arquitectos y profesionales que cuestionaron los criterios urbanísticos impulsados por el Ejecutivo. La discusión excedía lo técnico. De un lado, aparecía una lógica vinculada a la circulación vehicular y a demandas comerciales; del otro, una concepción del espacio público orientada a priorizar la experiencia peatonal y el valor simbólico de los espacios comunes. El dato más significativo quizás no haya sido el desacuerdo en sí mismo, sino la dificultad para construir una instancia genuina de deliberación pública previa. Algo similar ocurrió con la ordenanza que regula los grupos de entrenamiento físico. La iniciativa fue presentada como un mecanismo de organización y control del uso del espacio público, pero rápidamente generó rechazo entre entrenadores, corredores y referentes deportivos que sintieron que la regulación avanzaba sin incorporar suficientemente la experiencia acumulada de quienes desarrollan cotidianamente esas actividades. El conflicto por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios volvió a dejar una sensación parecida. Más allá de las posiciones concretas sobre montos o prioridades presupuestarias, el debate expuso una tensión creciente entre las decisiones institucionales y organizaciones que poseen legitimidad social.

Los tres casos comparten que no se trataron solamente de sectores defendiendo intereses particulares. En todos apareció una demanda de reconocimiento, escucha y participación. Y ahí es donde emerge el verdadero problema político. Las gestiones suelen enfrentar la dificultad estructural de perder capacidad de incorporar miradas externas y terminan confundiendo legitimidad electoral con representación permanente de la sociedad. Gobernar deja de ser interpretar sensibilidades sociales complejas y comienza a reducirse a administrar decisiones tomadas desde una estructura cada vez más cerrada sobre sí misma. En Pergamino ese proceso parece cada vez más visible.

La pregunta entonces no es si el municipio tiene razón o no en cada una de sus decisiones. La pregunta es por qué una gestión que durante años logró interpretar las demandas de la comunidad parece encontrar cada vez más dificultades para dialogar con ella. 

Tanto Héctor “Cachi” Gutiérrez como Javier Arturo Martínez llegaron al gobierno en circunstancias que pocos anticipaban. Ambos construyeron victorias improbables porque lograron percibir algo que buena parte de la dirigencia local no estaba viendo. Supieron interpretar un estado de ánimo social, una demanda de cambio y una expectativa de transformación que no encontraba representación política adecuada.

El paralelismo histórico entre ambas gestiones resulta inevitable. Ambas administraciones transformaron profundamente la ciudad durante sus primeros años. Sería injusto desconocerlo. Buena parte de la infraestructura, de las obras urbanas y de las mejoras institucionales que hoy forman parte de la vida cotidiana fueron producto de decisiones políticas sostenidas durante sus gobiernos. La Pergamino de comienzos de siglo era una ciudad mucho más limitada en términos urbanos, culturales y educativos. La expansión universitaria, la recuperación de espacios públicos, las obras de infraestructura y la consolidación de una agenda cultural más activa modificaron significativamente el perfil de la ciudad.

La referencia a Gutiérrez resulta importante porque permite observar una dinámica que trasciende identidades partidarias. Durante sus primeros años, aquella gestión combinó capacidad transformadora con una notable diversidad de perfiles, trayectorias y miradas. Esa pluralidad amplió su capacidad para interpretar demandas sociales y construir legitimidad política. Sin embargo, con el tiempo, esa apertura fue perdiendo fuerza. La diversidad interna fue dejando lugar a una lógica más homogénea y orientada a la preservación del propio espacio político. El desgaste terminó expresándose en dificultades para promover una renovación genuina y en una creciente distancia respecto de sectores de la sociedad que anteriormente formaban parte de su base de apoyo.

Ese antecedente vuelve particularmente interesante el presente de la gestión de Martínez. Porque más allá de las diferencias personales, ideológicas o de contexto histórico, ambos procesos parecen haber recorrido trayectorias similares, es decir, comienzos marcados por apertura, pluralidad y capacidad transformadora; finales atravesados por el cierre político, la homogeneización interna y una creciente desconexión con sectores de la sociedad. Quizás Martínez esté a tiempo de revertir el rumbo.

La primera etapa de la gestión de Martínez tuvo además la particularidad que debió construir capacidad política casi desde cero. El oficialismo no contaba inicialmente con cuadros suficientes para ocupar todas las áreas del Estado municipal, y esa debilidad fue compensada mediante la incorporación de perfiles técnicos provenientes de trayectorias diversas, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia política o de gestión previa. Aquella heterogeneidad terminó funcionando como una fortaleza porque permitió combinar capacidad técnica, renovación y gestión. Sin embargo, ese impulso parece haberse agotado.

Con el tiempo, la percepción creciente es que la lógica de construcción política comenzó a desplazarse desde la incorporación de capacidades hacia la administración de lealtades. No se trata necesariamente de corrupción ni de ausencia de gestión. El problema es más profundo y vinculado a la tendencia en los oficialismos a la progresiva sustitución de la deliberación por la obediencia, de la capacidad crítica por la subordinación funcional y del pluralismo por una lógica de conservación del poder.

Eso modifica inevitablemente el perfil de quienes ocupan lugares de responsabilidad pública. Incluso funcionarios con formación profesional o experiencia técnica comienzan a actuar más como administradores de decisiones ya definidas que como dirigentes capaces de sostener posiciones propias frente a la sociedad. El resultado es una gestión que conserva capacidad administrativa, pero pierde capacidad representativa. No parece tratarse de un problema ideológico ni partidario. Parece ser un riesgo permanente de cualquier gestión que deja de considerar a la sociedad como una interlocutora activa y comienza a verla únicamente como destinataria de decisiones ya tomadas.

Hannah Arendt sostenía que la política sólo existe verdaderamente allí donde aparece la pluralidad de voces en el espacio público. Gobernar no consiste únicamente en ejecutar decisiones eficaces, sino también en reconocer la legitimidad de perspectivas diferentes y construir autoridad a partir de esa convivencia conflictiva. 

Durante muchos años el oficialismo local pareció comprender esa lógica. Hoy, en cambio, transmite una imagen de una gestión que escucha cada vez menos a quienes están fuera de su estructura política. Quizás allí se encuentre la principal enseñanza que dejan estos debates. Las gestiones no se debilitan cuando aparecen críticas. Se debilitan cuando dejan de percibir que esas críticas pueden contener demandas claras de la sociedad que pretenden representar. Porque parecería que las sociedades no solamente retiran apoyo cuando faltan obras o resultados, sino que también lo hacen cuando perciben que quienes gobiernan dejaron de considerarlas interlocutores válidos.

Las ciudades no prosperan únicamente por las obras que construyen sus gobiernos. También prosperan cuando quienes gobiernan conservan la sensibilidad necesaria para escuchar a la comunidad que les dio origen.